La Paz, Bolivia --

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, aseguró hoy que si estuviera vigente el Tribunal Constitucional, se pronunciaría en contra de la pregunta de la cuestionada consulta del 4 de mayo, porque no corresponde al texto de la actual Constitución Política del Estado.

La autoridad de Gobierno afirmó que no se puede interpretar la Carta Magna y que en ese marco no es posible asumir la presunción de constitucionalidad de un hecho que no está reconocido por la actual Constitución Política del Estado, y peor llevarla adelante por ausencia de un Tribunal Constitucional.

"Lo que no ha sucedido es el control de constitucionalidad de la pregunta, la pregunta es la que tiene que someterse al control de constitucional, no sobre el alcance de los estatutos", aseguró.

"Si es que hubiera un Tribunal Constitucional, yo (Yaksic) le aseguraría que se hubiera pronunciado en contra de la pregunta, porque no corresponde al texto constitucional vigente", precisó el Viceministro de descentralización.

Yaksic aseguró que la legalidad de la Ley Marco del Referéndum está sustentada por la Constitución Política del Estado y que no se ha podido encarar el control constitucional de los estatutos autonómicos, pero que sus impulsores se aferran a una presunta constitucionalidad en ausencia de un Tribunal Constitucional.

En ese marco, el Viceministro de Descentralización dijo que esas "triquiñuelas legales" no corresponden, por lo que urge la necesidad de crear un escenario de diálogo más allá de los resultados de la cuestionada consulta del 4 de mayo próximo.

Afirmó que el Poder Ejecutivo reconoce plenamente la voluntad ciudadana de profundizar la descentralización administrativa vía autonomías departamentales, pero que no es posible que una demanda legítima del pueblo cruceño, que ya es irreversible, pretenda ser aprobada un estatuto que es desconocido por más del 85 por ciento de la ciudanía cruceña.

"Creo que eso es abusar de ese respaldo legítimo que tiene este proceso autonómico haciendo aprobar un documento que no corresponde a esa aspiración legítima, esas son las dificultades que van a tener que encarar esos dirigentes en el diálogo, porque a título de legitimidad se pretende legalizar esa ilegalidad", aseguró.