Sucre, Chuquisaca - Bolivia --

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández Gutiérrez, pidió este martes que los estatutos autonómicos que se intentan ser legitimados en referendos en los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija no atenten en contra de la Constitución Política del Estado.

Esa fue la primera posición clara de la máxima instancia de administración de justicia sobre el estatuto cruceño, considerado inconstitucional por el Gobierno y no reconocido por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) ni por algún país latinoamericano que ratificaron que no enviarán a sus veedores electorales.

Además, las resoluciones de la Corte Nacional Electoral que declararon al margen de la ley la consulta cruceña como la de Tarija, Beni y Pando, mereció un rotundo respaldo de las entidades electorales interamericanos el pasado fin de semana.

"Lo importante es que (estatutos autonómicos) no atenten contra lo que es la Constitución y todas sus instituciones, deben observar precisamente los principios que establece la Carta Magna", afirmó, en ese contexto, Fernández en declaraciones a la Red Patria Nueva.

Dijo que no sólo preocupa la consulta sobre el estatuto autonómico de Santa Cruz de este 4 de mayo, sino también los que se están elaborando en otras regiones en el marco de su autonomía.

El jurista advirtió que el contenido de esos documentos y el proceso por el cual pretenden ser sometidos a una consulta ciudadana puede derivar en una connotación diferente y no necesariamente un contenido coincidente.

La autoridad judicial manifestó la importancia de analizar los estatutos departamentales por el interés del Poder Judicial para regular el sistema de justicia en los diferentes departamentos autonómicos.

"Para ello necesitamos contar con los instrumentos legales y ojalá que puedan tener la gentileza de remitirnos un ejemplar de esos estatutos para que nosotros podamos pronunciarnos sobre su contenido", afirmó Fernández.

Asimismo, se refirió al vacío en el Tribunal Constitucional, el mismo que atenta contra la seguridad de los ciudadanos que pueden llegar a ser atropellados en cualquier momento en sus derechos fundamentales.